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¿Cómo le pareció la carta del embajador de los EE. UU. a la Corte Suprema? No pudo ocultar su asombro por la liberación de un delincuente al que cataloga como muy peligroso y que está pedido en extradición…

La carta me pareció muy dura, pero pertinente. Refleja bien las preocupaciones que se tienen aquí y en el exterior, y que surgen de la manera como quedó estructurada la 
JEP.
Precisamente, yo estoy buscando a alguien que me responda esta pregunta: ¿por qué están liberando delincuentes de todo pelambre sin que todavía esté lista la estructura que los va a juzgar? Entre ellos al asesino de El Nogal. Usted es socio y miembro de la junta directiva del club…

Todo esto es la consecuencia de una gran improvisación, que arranca e
n la negociación en La Habana y alcanza su máximo punto con la estructuración de la Jurisdicción Especial de Paz. No solo porque los abogados que negociaron por el Gobierno no eran expertos en el tema (en el derecho como en la medicina, las especialidades sí cuentan. Un traumatólogo no puede hacer una cirugía de cerebro). Tampoco tenían claro lo que implicaba poner en funcionamiento semejante aparato judicial. Y, por el afán de buscar los acuerdos con las Farc, firmaron cualquier cosa. Manejaron el acuerdo como si fuera un paro cívico. 

¿Cómo es ese manejo?

Lo han demostrado con los agricultores, camioneros o los habitantes de Buenaventura. Para los gobiernos, atender un paro es nombrar una comisión que llegue al sitio dispuesta a firmar cualquier cosa con tal de que se levante el paro. No importa qué compromisos queden... Lo importante es que se acabe el paro… Como en La Habana. Con tal de que las Farc se desmovilizaran y se desarmaran, los negociadores estaban dispuestos a firmar lo que fuera. Y lo hicieron. 

Pero estamos saliendo de la teoría, y comienza la realidad…

Sí. Ahora, cuando el proceso de la JEP ya empieza a exigir que los compromisos se concreten en desarrollos legales e institucionales, es que los colombianos comenzamos a descubrir que todavía no se sabe cuáles serán los criterios con los que se van a priorizar y seleccionar los máximos responsables; ni tampoco los criterios de conexidad de los graves crímenes con los delitos políticos; o en qué casos aplican las sanciones extrajudiciales, o cuándo procede la renuncia de la acción penal. Mucho menos sabemos cómo se va a organizar y cómo va a funcionar el Tribunal Especial de Paz. El proceso de selección y nombramiento de los jueces apenas está comenzando. Falta la expedición de una Ley Estatutaria que resuelva esas regulaciones... Mientras tanto, las Farc y el Gobierno presionan a los jueces de ejecución de penas para que concedan las libertades condicionales de los miembros de la guerrilla que hacen explícita su intención de acogerse a la Jurisdicción Especial de Paz. 

Mi pregunta es esta doctor Medellín: ¿será que a los autores de los crímenes más graves de las Farc nos adelantamos a otorgarles los beneficios judiciales antes del juicio?

De nuevo. Todo es consecuencia de una gran improvisación. Se suponía que cuando el proceso judicial arrancara, la JEP estaría lista con todas sus regulaciones y personal funcionando. Entonces, cada guerrillero que se acogiera a la JEP, luego de hacer la solicitud ante esta instancia, saldría del sistema donde esté siendo procesado o ya haya sido condenado, para entrar a la nueva jurisdicción. 

Pero, como la JEP no está funcionando…

Entonces, el juez de ejecución de penas no tiene otra alternativa que conceder la libertad condicional a quien se acogió, y decirle que se vaya a su casa o a una zona veredal, mientras se hacen los nombramientos y se resuelven todos los problemas de organización y procedimiento de la JEP. El responsable del ataque al club El Nogal cumple hoy su primer mes en libertad. Y con la JEP, nada ha pasado.

Están otorgando libertades condicionales por solo haberse ganado el derecho de acudir a la JEP, aunque no haya JEP…

Cierto. Así es como queda libre el señor Arellán; también están saliendo otros responsables de delitos de lesa humanidad… En fin. Aprovechando el vacío de la JEP, las Farc están utilizando hasta el último recurso para que su gente salga a la calle. Están en su derecho. Es lo que les ofrecieron.

Y, lo más probable es que el jefe de Arellán, porque él era apenas un instrumento, también esté libre...

Condenados están alias El Paisa, Iván Márquez y Timochenko, y los Arellán a 40 años. La máxima pena establecida en el Código Penal Colombiano. 

Andan para arriba y para abajo….

Sí. Formaron parte de la negociación. Tienen permiso para moverse por todo el país. Pero la desazón de las víctimas de El Nogal no comienza con la liberación de Herminsul Arellán, sino con la participación en la mesa de negociación del ‘Paisa’, a quien la justicia le demostró su total responsabilidad en el hecho. 

¿Cuál es su opinión de la decisión del juez de ejecución de penas que decidió dar libertad condicional a Arellán?

Creo que el juez de ejecución de penas actuó de manera apresurada. Para tomar una decisión de esta naturaleza, debía considerar todos los elementos judiciales. Los fallos de constitucionalidad que se estaban discutiendo por esos días en la Corte, el grado de avance del montaje de la JEP y el riesgo de que una persona con estos antecedentes judiciales terminara beneficiándose con la libertad, por aplicación de esa norma… No valoró adecuadamente los hechos, y Arellán está en libertad… Actuó muy presionado. 

¿Presionado por quién?

Hay una gran presión sobre los jueces de ejecución de penas. Primero, por el Gobierno, cuya instrucción es: procedan. Y esa presión se hace sentir. Segundo, por parte de la gente que está hoy manejando el proceso de montaje de la JEP. En la medida en que dan tramite rápido ante el juez, al recibirlo este no puede tomarse su tiempo para decidir. Y, por supuesto, por las Farc, que presionan por la liberación de su gente. 

¿Por qué cree que el ‘Paisa’ no debió estar en la mesa de negociación? 

Porque el ‘Paisa’ simboliza todo aquello que la justicia internacional ha decidido perseguir: un sujeto que abusando del poder que le daban las armas, preparó durante más de un año el ataque a una población civil protegida y ordenó su ejecución con sangre fría. Y el de El Nogal no fue el único ataque contra población protegida.

El ‘Paisa’ fue el autor intelectual de ese acto terrorista, ¿no? Y él se paseaba por las mesas de negociación y circulaba como un gran agente de paz. ¿Detrás de qué iba este atentado al club El Nogal?

Muchas de las víctimas se siguen haciendo esa pregunta. ¿Detrás de qué o de quién iban? Yo le respondo. Desde el año 2000, ‘Romaña’ comenzó a avisar que la guerra llegaba a las ciudades y que los riquitos iban a saber lo que era la guerra. A ese anuncio siguió una sucesión de bombas, secuestros, extorsiones. El ataque al club El Nogal era contra un empresariado medio a quien querían dejarle claro el mensaje del dolor de la guerra. El Nogal no es un club de ricos. Es un club de clase media y de trabajadores independientes, gente que paga impuestos, vive en Bogotá y padece los avatares de la clase media. 

El ataque al club El Nogal era un referente de esa estrategia de querer golpear a las ciudades. En ese sentido era un objetivo ideal: un club que simboliza el empuje de los emprenderores, que hace constantemente eventos empresariales en los que se discuten temas políticos, económicos o sociales. Por eso, el ataque con 200 kilos de anfo le apuntó a colapsar la edificación. Fue un delito de lesa humanidad. 

¿Qué pasa ahora con sus autores materiales bajo libertad condicional y los intelectuales esperando una JEP que no habrá hasta el año entrante, si acaso? 

Hay dos dimensiones aquí que vale la pena mirar: una primera dimensión es el componente de verdad. ¿Qué es lo que significa la verdad? ¿Nos van a contar lo que jueces y fiscales ya establecieron? El riesgo es que para justificar el ataque, las Farc digan que era un lugar donde se reunían paramilitares o era visitado por funcionarios del gobierno. Tratarán de demostrar que, más que un club social, era un teatro de operaciones en el que permanecían los enemigos de las Farc, de manera que el ataque no fue un delito de lesa humanidad (que no es amnistiable), más bien tuvo el carácter de crimen de guerra (que sí es amnistiable).

Sería increíble que esa explicación sirva para indultar, por ejemplo, al ‘Paisa’…

Pues, sí. Podría pasar. Los acuerdos permiten el cambio de la cosa juzgada. Que luego de que la justicia ordinaria los condenó a 40 años de prisión, un magistrado de la JEP decida que, en realidad, El Nogal era visitado o usado por miembros de grupos paramilitares y por tanto tenía el carácter de teatro de operaciones. En ese caso, los socios, las víctimas de El Nogal les quedaremos debiendo a las Farc…

Pero es aquí donde viene la otra dimensión: la de la responsabilidad de mando. ¿Qué pasa si los comandantes de las Farc hacen lo mismo que hicieron hace algunas semanas en el barrio la Chinita en Apartadó? Es decir, si van y piden perdón, dicen que jamas debió pasar; pero, eso sí, aclaran que nadie dio la orden del ataque. ¿Entonces quién tiene la responsabilidad de mando sobre la que se va a condenar por los hechos? Ese es el punto sobre el que la fiscal de la Corte Penal Internacional ha reconvenido varias veces al Gobierno. Y sobre el cual ha sido enfática: que ese es el punto sobre el cual habría que intervenir en función complementaria. Fíjese qué curioso. El mismo punto que preocupa a las autoridades de los Estados Unidos.

¿Y usted va a perdonar o no?

Mire, el perdón es un acto individual y la reconciliación, un hecho colectivo. Yo creo que, individualmente, el perdón debe ser ejercido por cada una de las personas que fueron víctimas, siempre y cuando sienta que ha sido reconocido y reparado. Pero si no quiere hacerlo, ese derecho también se lo debemos respetar, así como se debe respetar a quien decida perdonar. 

Lo que no podemos hacer es revictimizar a las víctimas obligándolas a perdonar o despreciando su tarea de perdón. Lo que tenemos que discutir es si hacemos la reconciliación, y cómo hay que hacerla. Yo creo firmemente en que nos tenemos que reconciliar, pero sobre la base de la verdad-verdad, y sobre la justicia. En los hechos de El Nogal ya hay una verdad establecida, hubo una investigación, se encontraron unos responsables. El riesgo es que la JEP replantee o ponga de cabeza el proceso judicial que ya hizo la justicia ordinaria y las condenas que ya emitió contra Arellán, contra Timochenko y contra todos los demás. Y que terminemos en eso, legitimando un sistema de impunidad que no nos conduzca a la paz.

Y el país va a tener muchos años dos justicias. Una estricta y otra superlaxa…

¿Qué es lo exitoso de una fórmula de justicia transicional? Que logre el proceso de transición sin que sea traumático para el resto del sistema.

¿Quién resuelve si una persona que está pedida por las Farc como guerrillero pero condenada por el Estado como un narcotraficante será juzgado como narco o como guerrillero? 

Esos son los asuntos que todavía no están resueltos por quienes acordaron y están poniendo en marcha la JEP. 

Una última pregunta. La semana pasada terminó con una gran discusión planteada por el Fiscal acerca de la posibilidad de que uno de los decretos ley del Presidente les conceda a las Farc un sistema para lavar su dinero. ¿Qué piensa de esta discusión? 

El Fiscal General no solo ha sido sensato sino muy valiente. Hay que reconocer el valor que para un alto funcionario tiene pararse firme y plantear semejante problema. Sobre todo en un gobierno que rotula a todos aquellos que cuestionan algún resultado de los acuerdos como enemigo de la paz. En cualquier condición que se encuentre en la negociación política, los bienes y el dinero adquirido de manera fraudulenta por una organización armada ilegal deben ser incautados y puestos a disposición de las autoridades. Permitir que se vaya a financiar actividades de su propia organización terminaría llevando a una especie de defraudación a las víctimas. Una salida que traerá más problemas que soluciones. Espero que el Gobierno sea consciente.