Expertos analizan decisión de enviar a la casa a ladrones de bicis

La noticia de que un juez de control de garantías no envió a la cárcel a 13 de 15 personas vinculadas a una banda delincuencial dedicada a la receptación y hurto de bicicletas generó molestia en la Administración Distrital, en cabeza del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien calificó la decisión de “insólita”.

La molestia se trasladó a buena parte de la ciudadanía que, a través de redes sociales, cuestionó el hecho. Pese a que este medio trató de establecer contacto con el juez que determinó casa por cárcel a estos delincuentes, a quienes se les comprobó su participación en el robo de al menos 200 bicicletas, la comunicación no fue posible. Sin embargo, expertos en la materia explicaron que hay varios motivos que podrían explicar el porqué de lo proferido por el juez.

Según Andrés Nieto, asesor en temas de seguridad de la Gobernación de Cundinamarca y docente de la Universidad Central, la congestión judicial que en el país arroja la cifra de más de 112.000 audiencias represadas –además del hacinamiento carcelario– puede explicar, en buena medida, lo que pasó en este caso.

“El promedio de detenidos por celdas en una URI es de cinco personas en el país, este mes en Bogotá alcanzaron a tener en promedio a 36 personas por celda. Esto, además de los problemas jurídicos, va a resultar en un inconveniente de salud pública; el año pasado hubo un brote de paperas”, expresó Nieto. Por su parte, Hugo Acero, exsubsecretario de Seguridad del Distrito, señaló, ante este panorama, que un juez puede ver como mejor opción la casa por cárcel.

“Él podría considerar esta medida; para qué mando a estas personas a una cárcel donde no los van a resocializar, donde no hay dónde tenerlos y no tienen dónde dormir”, analizó Acero.

Sin embargo, cuestionó el hecho de que los jueces, como servidores públicos, no expliquen a la ciudadanía las razones que motivan decisiones como esta que impactan a la comunidad en general.

“El juez tiene que decir si efectivamente las leyes que tenemos no permiten que estas personas, con las pruebas que le entregaron, puedan ir a la cárcel o si los montos no son suficientes. Pero deben responder por qué tomaron las decisiones, esto no es una cosa de seguridad del Estado, es la aplicación de la justicia y debe ser transparente”, concluyó.